Autos 'chocolate': cómo serán regularizados, posibles impactos y el reclamo de la industria

El gobierno federal publicó un decreto para regularizar desde enero de este año y en 10 entidades 2.2 millones de autos chocolate, como se conoce a los vehículos usados que ingresan de forma irregular desde Estados Unidos, sin cumplir con las cuotas y permisos que marca la ley.

Si bien la administración de Andrés Manuel López Obrador señala motivos de seguridad y la intención de ayudar “a las familias más necesitadas a obtener certeza jurídica sobre los vehículos que obtengan”, el sector empresarial ha reclamado que este tipo de medidas fomentan la ilegalidad, además de afectar las ventas y empleos de la industria automotriz en México.

¿Pero exactamente en qué forma y en dónde se dará esta regularización? ¿Y cuáles son las carencias o fallas que tiene la medida, según especialistas consultados? Te contamos:

Los estados donde se aplicará y las restricciones

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero permite que los autos que no cumplieron con la ley aduanera al momento de ingresar al país puedan regularizarse, para obtener sus placas y ser parte del Registro Público Vehícular (Repuve).

La medida no es obligatoria, pero los ciudadanos que decidan hacerlo reciben sus placas para poder circular de manera legal, podrán acceder a la contratación de un seguro en caso de accidentes y, si llega a ser robado el vehículo, se facilita su búsqueda y localización para las autoridades.

Para hacerlo posible los interesados deben realizar un pago aproximado de 2,500 pesos. Como es un proceso de regularización, la autoridad exime a los solicitantes de presentar el certificado de origen, un permiso de la Secretaría de Economía que por regla de aduana se les pide, y los datos del vendedor que debería ser parte del padrón de importadores.

El proceso de regularización se realiza entre enero y julio de este año, aunque el decreto permanece vigente hasta septiembre de 2024, es decir casi al final del sexenio.

Si bien ya se publicó el decreto, no todos quienes tienen un auto chocolate pueden acceder a ella. Según el gobierno, solo se regularizarán automóviles que circulen en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, que conforman la región fronteriza y Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit.

Y la solicitud debe ser realizada solo por persona físicas que tengan un automóvil personal o un vehículo de carga, con un máximo de 8 años de antigüedad.

Los automóviles que tengan reporte de robo o estén implicados en un delito no podrán participar. Tampoco los automóviles de lujo, los que estén blindados y los que tengan problemas mecánicos severos o que representen serios daños al medio ambiente.

Es una medida que no resuelve el problema

La regularización de 2.2 millones de autos traería a las arcas federales cerca de 5 mil 500 millones de pesos, según el gobierno. De acuerdo con lo dicho por el presidente, esos millones serán utilizados para reparar baches en las ciudades y estados ubicados en la zona fronteriza.

Sin embargo, organismos como la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Coparmex y Concamin señalan que este tipo de decisiones impactan en las ventas de coches en el mercado formal, considerando que la industria automotriz del país genera más de 1 millón de empleos a nivel nacional. Y que incluso hay repercusiones en lo ambiental, al proliferar la circulación de autos usados y más contaminantes.

“No es una medida funcional lo que se pretende hacer, más que ayudar contribuir y crear una recaudación para una estructura municipalo estatal se están afectando otros sectores a largo plazo… como los productores de vehículos y también los consumidores”, explica Rocío Méndez Bautista, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, especializada en Negocios Internacionales.

La académica insiste en que esta regularización no acaba con la problemática, e incluso podría motivar que se siga realizando. “El hecho de que exista un decreto no limita el ingreso de los automóviles, por el contrario, yo creo que lejos de terminar el problema se está volviendo permisible”, enfatiza Méndez.

El problema, apunta también Méndez, es que estos automóviles entran con mucha facilidad al país.

“(En la región fronteriza) existen semáforos, cuando está en rojo te bajan para una inspección, cuando tienes verdes continúan. Son sistemas aleatorios. Aunado a esto no se requiere ningún tipo de visado. Entonces (el auto chocolate) es ingresado como si fuera visita de Estados Unidos a México o incluso pueden alegar que vienen como de turismo”, comenta Méndez.

Quienes se dedican a cruzar estos autos de forma irregular los llevan a lotes de otras ciudades, para promover su venta, y tan solo por realizar el cruce fronterizo cobran entre 100 y 150 dólares, según informaron fuentes a El Sabueso.

Al hacer este ingreso, se saltan los requisitos aduanales de importación que tienen un costo y que el importador debe cumplir, y se omite el padrón de importación sectorial.

Estos autos que ingresan, comenta Méndez, son una fuerte competencia pues si bien se trata de automóviles viejos, los automóviles americanos tienen características importantes de confort y lujo, y se venden a un precio módico. Por ejemplo, se pueden conseguir automóviles de lujo por 60 mil pesos.

El problema de estos, agrega la académica, es que no existen refacciones por lo que tienen un plazo de vida muy corto. Al no tener cómo repararlos terminan en deshuesaderos, vendiéndose por autopartes.

En palabras de la académica esto seguirá sucediendo porque quienes necesitan de un automóvil no tienen una economía holgada y deciden acceder a uno de manera ilegal. También porque un auto chocolate implica evadir los pagos de refrendo, placas y hasta de multas.

Para Méndez, algunas de las vías para reducir la problemática serían tener mejores salarios para la población en general, y facilidad de crédito automotriz, pues “muchos trabajan por temporadas y es difícil conseguir un crédito así”, procesos de adquisición más ágiles y un marco jurídico que obligue a los propietarios a tener la documentación necesaria para acreditar su estancia legal en el país.

Un decreto a causa de la inseguridad

Durante la conferencia matutina del 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el decreto fue promovido principalmente por cuestiones de seguridad.

La propia secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo durante otra conferencia matutina que el decreto surgía porque “los autos sin matrícula de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer delitos”.

Y dio un ejemplo, el caso de Baja California, donde entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 el 78% de los vehículos usados para el delito de homicidio se trataban de autos chocolate.

Incluso en el decreto publicado se reconoce que con la medida “se busca combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía ante el uso de vehículos no registrados e introducidos sin acreditar su legal estancia”.

Al respecto, la académica Méndez señala debilidad en las características del decreto, pues “solo está hablando de los estados del norte del país cuando estos autos se logran vender en el centro del país y se distribuyen incluso en el sur, son automóviles que recorren el país”.

Además de la inseguridad, el presidente aprueba su regularización por causa económica.

El 18 de marzo de 2019, el presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa que la legalización de estos autos debía ser analizada pues “la gente sólo así puede adquirir un vehículo para trasladarse y para buscarse la vida”.

En esta misma postura se encuentra Morena, el partido político del presidente, pues promueve esta regulación por “cuestiones de inseguridad, problemas de movilidad, situación económica y altas temperaturas”.

No es la primera vez que se les regulariza

Esta no es la primera vez que se regula los autos chocolate en el país. Al menos entre 1978 y el 2000, el Senado documentó que se implementaron 14 programas de regularización.

Protesta en el año 2000 para que más de un millón y medio de autos chocolate fueran regularizados.

En las siguientes dos décadas esta regularización ha permanecido. Rocío Méndez, académica de la UNAM, pone de ejemplo el caso de Vicente Fox que en 2005 regularizó autos chocolate debido unos acuerdos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y se llevó una sorpresa al regularizar 6 millones de estos, lo cual superaba su oferta y terminó por dañar en un 30% la compra de autos en el país.

Dicho decreto quedó sin vigencia en 2009, cuando se establecieron nuevos lineamientos vigentes hasta 2011. Luego entre los años de 2011 y 2019 el Senado detalla que el decreto se modificó 7 veces, para extender su vigencia.

Para la propuesta de Ley de Ingresos de 2020 la Cámara de Diputados incluyó una reserva para incluir la regularización de los autos chocolate, pero fue rechazada por el Senado. Finalmente fue hasta octubre de 2021 que se firmó un decreto de aprobación y en enero de 2022 se hizo público.

Francisco Jiménez Reynoso, miembro del Observatorio de Análisis sobre Seguridad de la Universidad de Guadalajara, explica que “como en todas las administraciones de gobierno de cualquier partido político, tarde o temprano tiene que llegar el momento de regularizar, finalmente se necesita que paguen impuestos, tengan placas”.

Pero en este caso, enfatiza Jiménez, la principal razón de la rápida salida del decreto fue la inseguridad.

“Es una de las razones para que se acelere el decreto por parte del gobierno federal, porque no tienen registros, no tienen placas, no hay procedencia, son autos irregulares, en virtud de ello se busca que sean autos con placas para saber quién lo conduce y sobre de quién se pueden ir cuando se comete un delito o un crimen en un vehículo en México”, comenta Jiménez.

Usados para ingresar armas

La académica Méndez menciona que en este tipo de temas, del ingreso al país de vehículos sin los permisos correspondientes, se debe considerar la corrupción en aduanas y el tráfico de armas.

Como te contamos en este reportaje, en abril de 2021, diez funcionarios fueron puestos bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) tras haber sido denunciados por la Secretaría de Hacienda, por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero.

Las indagatorias identificaron dos focos principales de corrupción: uno en Baja California, mediante la introducción ilegal de autos chocolate y armas de fuego, y otro en Tamaulipas, por medio del ingreso de combustible desde Texas sin el pago de impuestos.

En el caso de Baja California, ex administradores en Tijuana, Tecate y Mexicali fueron acusados de presuntamente recibir sobornos a cambio de permitir el contrabando e ingreso de autos chocolate, dentro de los cuales se escondían armas de fuego.

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