Uno de los temas que surgen de manera recurrente en campaña es el descontento de la ciudadanía por el funcionamiento de muchas instituciones públicas. La percepción, casi generalizada, es que los servicios públicos son caros y de deficiente calidad.
Las noticias sobre actos de corrupción recientemente destapados, el despilfarro y los sobrecostos de las inversiones, los beneficios de los empleados públicos obtenidos a través de convenciones colectivas como los pluses salariales, las vacaciones extras, las pensiones de lujo a cargo del presupuesto y muchas más alimentan esa percepción. Tras de eso, las tarifas de los servicios públicos aumentan, usualmente por encima de la inflación de los demás bienes y servicios de la economía, justificados en que es “al costo”.
A lo anterior se suma la inoperancia en ciertas instituciones, en las cuales a veces dos o tres pretenden hacer lo mismo, sin que ninguno logre hacerlo bien. Otras han perdido su razón de ser, pero siguen operando para no despedir a los empleados.
De ahí que prácticamente todos los candidatos ofrezcan a los electores mejorar el funcionamiento del aparato estatal. Desde el candidato más de izquierda (socialismo “a la tica”) hasta el más liberal, sin excepción, incorporan en su discurso la necesidad de aumentar la eficiencia con que funciona el Estado.
Se podría decir que hay un acuerdo entre los candidatos en que una de las principales misiones del futuro gobernante debería ser que los servicios públicos sean producidos con muy alta calidad, máxima eficiencia y al costo más bajo posible.
En cómo llevar a cabo la transformación del Estado, surgen las diferencias. Algunos quisieran hacerlo como quien poda un árbol, cortando unas pocas ramas para que este crezca más fuerte y grande. Otros preferirían el método de cortar de tajo la mala hierba para que la buena surja con más fuerza.
A quien elijamos tendrá preferencia por un método u otro. Pero lo cierto es que la aplicación no será fácil, menos con una Asamblea Legislativa tan atomizada como la que se prevé. Sin embargo, habiendo consenso en cuanto a la necesidad de transformar el Estado en busca de la mayor eficiencia, voluntad real de ayudar a la ciudadanía y con un buen liderazgo de los actores políticos, la posibilidad de acuerdos crece exponencialmente.
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El autor es economista.
