Nació con polémica y será modificada de la misma manera. La Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, conocida en algunos ambientes como la «Ley Mordaza» será modificada a propuesta del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos –tras pasar por pertinente debate parlamentario– con prácticamente todo el colectivo policial en contra. Los agentes consideran que la reforma les deja «vendidos» y plantean situaciones «rocambolescas», como el hecho de que los policías tengan que «hacer de taxistas» si, por ejemplo, una persona indocumentada es trasladada a comisaría para su identificación. «Dicen que debemos llevarles de vuelta al lugar donde han sido recogidos con una patrulla policial. Todo ese tiempo y esos recursos empleados al final van en detrimento de la seguridad del resto de ciudadanos mientras hacemos de taxistas para alguien que no llevaba en DNI encima», critican desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Los agentes se quejan de que se han introducido variables sin contar con la opinión profesional de los que están a diario en las calles protegiendo la seguridad de todos. En el supuesto anterior, hasta ahora disponían de seis horas en comisaría para realizar los trámites; tiempo que ahora las reducen a dos, a pesar de que lo habitual, dicen «es no tardar más de 30 o 40 minutos». «Es evidenciar que no tienen ni idea de la realidad policial», critica Carlos Morales, portavoz del sindicato.
Inseguridad jurídica
Pero quizás la modificación más controvertida es la que se refiere a la grabación y, sobre todo, a la difusión de imágenes de los agentes en el ejercicio de su trabajo. «Supone un riesgo no solo para los compañeros, sino para sus familias al poder quedar expuestos en redes sociales», advierte. Esa sensación de que el Gobierno «prejuzga la labor policial» y que «intenta meternos en una encrucijada», advierten los agentes de que puede traducirse a medio plazo en que los funcionarios duden de cómo realizar su trabajo. Para Morales, la «inseguridad jurídica lleva acarreado que los agentes decidan no actuar de determinada forma por si les va a traer problemas». Y eso, aseguran, solo lo va a pagar el ciudadano. «¿Quién protege las libertades? Para que una sociedad se sienta libre necesita tener seguridad y si el Gobierno no proporciona herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el orden, una sociedad no puede ser libre», subraya Morales.
Manifestación sin comunicar
Y es que otra de las cuestiones que contempla la nueva ley es la de organizar una manifestación de forma «espontánea» sin necesidad de ser comunicada a la Delegación del Gobierno de cada provincia para que puedan organizar un dispositivo policial acorde a las circunstancias y el recorrido solicitado. «Eso atenta contra la libertad del resto de ciudadanos», señala el portavoz. En este sentido desde la Delegación del Gobierno de Madrid aseguraron ayer que es “prematuro” realizar cualquier valoración al respecto. “Estamos aún en una fase muy preliminar”, sostienen.
También critican la «pérdida de principio de autoridad» al retirar el principio de veracidad que tiene la palabra del agente contra un delincuente o la limitación del uso de pelotas de goma y demás material antidisturbios cuando ya actualmente se emplea «la fuerza mínima indispensable» para repeler una agresión. «Si no lo hacemos nos enfrentamos a nuestro Régimen Disciplinario y a la Justicia ordinaria». Otro punto que, según los agentes «beneficia» al que delinque es el reducir de infracción grave a leve la posesión de estupefacientes.
Riesgo para las familias de los agentes
Por su parte desde el sindicato Jupol, advierten de lo peligroso de estas modificaciones. “Que se pueda difundir las imágenes de nuestros compañeros no solo atenta contra su intimidad sino que en ciertas zonas de España nuestros compañeros son acosados y perseguidos por una parte de la sociedad y esto pondría en riesgo también a sus familias”.
El portavoz de este sindicato, Pablo Pérez, ha querido matizar lo que supone el uso del material antidisturbios. “Si hubiese un material que el resultado de su uso fuese el mismo que el que consiguen las pelotas de goma pues no habría problema en cambiarlo pero realmente no hay un material que ejerza el mismo poder disuasorio”. Para Jupol no se puede comparar España con Europa porque, mientras en cualquier país “pueden poner a 250 policías para una manifestación de 500 personas”, en España “para una reunión de 500 personas ponen a 15 policías”. “Si vamos en esa inferioridad y, además, sin material adecuado, al final lo que puede pasar es que haya que lamentar heridos”.
Lo de devolver al indocumentado al lugar donde se le recogió es, a juicio de Perez, absolutamente rocambolesco. “Si llaman desde un parque infantil que observan a un señor merodeando y le identificamos, ¿le tenemos que volver llevar de vuelta al parque? Es absurdo”.
